22.000 empresas andaluzas adscritas al sector de las instalaciones en Andalucía aseguran que se pasarán a la economía sumergida si la administración andaluza no toma medidas “urgentes y contundentes” antes del próximo verano contra el trabajo irregular. Calculan que más de 200.000 trabajadores irán al paro. En esta coyuntura nace la Plataforma Multisectorial Contra la Economía Sumergida. Desde su seno califican la situación de “insostenible”. Sus responsables son taxativos: “No nos dejan otro camino”.
Tres federaciones de empresarios
circunscritas al sector de las instalaciones en general en Andalucía (Faitel,
Fapie y Fraef), reunidas en el seno de la Plataforma Multisectorial Contra la
Economía Sumergida en Andalucía, comienzan hoy una campaña para alertar a
través de los medios comunicación y redes sociales sobre los “gravísimos”
perjuicios y el “nefasto” impacto económico que está causando el trabajo
irregular en el tejido empresarial andaluz.
Según José Manuel Muñiz, uno de los
miembros de la Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida en
Andalucía, la situación en estos momentos “es insostenible”. Asegura que
Andalucía soporta un 25 por ciento de economía sumergida. “Si a las empresas
responsables -aquellas que cumplen sus obligaciones fiscales- no se les
defiende y promociona y si no se lucha contra quien está actuando desde el lado
oscuro”, todo va a desembocar “en el cierre de 22.000 empresas, que van a pasar
a engrosar la economía sumergida. Si no nos dan herramientas para poder seguir
compitiendo en el marco de la lealtad al sistema, está claro que no nos dejan
otro camino”.
El cierre de estas empresas conllevará
que cerca de 200.000 trabajadores se sumen a la lista de parados en Andalucía.
En el seno de la Plataforma piden
igualdad. “Lo mismo que estamos fiscalizados, controlados e inspeccionados, de
la misma manera deberían aplicarse los mismos mecanismos contra aquellos que no
dan la cara, que no están dados de alta, que no pagan sus impuestos, que son
los que verdaderamente están haciendo daño a esta sociedad”.
47.000 empleos perdidos y 2.000 empresas
cerradas desde 2007
Las cifras que maneja el sector de las
instalaciones en Andalucía son que 46.760 trabajadores han perdido su empleo en
los últimos cinco años, desde 2007.
EMPLEOS PERDIDOS Y EMPRESAS CERRADAS DESDE 2007
PROVINCIA
|
EMPLEOS PERDIDOS
|
EMPRESAS
CERRADAS
|
Almería
|
3.698
|
191
|
Cádiz
|
3.678
|
151
|
Córdoba
|
3.134
|
132
|
Granada
|
5.335
|
234
|
Huelva
|
2.432
|
93
|
Jaén
|
3.924
|
207
|
Málaga
|
10.039
|
386
|
Sevilla
|
14.520
|
579
|
ANDALUCÍA
|
46.760
|
1.973
|
Fuente:
Faitel, Fapie y Fraef
La Plataforma cree que la competencia
desleal del intrusismo y la economía sumergida es la gran culpable de la
pérdida de tanto puesto de trabajo en los últimos años.
Faitel, Fapie y Fraef en representación del sector de las instalaciones en Andalucía han acordado la creación de la ‘Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida)’ en Andalucía. Este nuevo foro de debate persigue luchar contra el lastre del intrusismo instalado en la irregularidad y la economía sumergida, que ponen en peligro la seguridad y calidad en las instalaciones, frente a las empresas legalmente constituidas que cumplen con sus obligaciones fiscales y normativas.5
Sevilla, con 14.520 empleos menos es la
provincia más afectada en relación con la pérdida de empleo, donde más puestos
de trabajo se han destruido. La que menos ha sido Huelva, con la pérdida de
2.432 empleos.
En cuanto a empresas, Sevilla vuelve a
ser la provincia donde más entidades se han clausurado en los últimos cinco
años, con un total de 14.520.
Huelva es la provincia con menos entidades cerradas, con 2.432.
Desde 2007 se han perdido en Andalucía un
total de 46.760 empleos y se han cerrado 1.973 empresas en el sector de las
instalaciones, según datos aportados por los integrantes de la Plataforma
Multisectorial contra la Economía Sumergida en Andalucía, FAITEL, FAPIE y
FRAEF.
La Plataforma Multisectorial Contra la
Economía Sumergida en Andalucía va a solicitar a la administración andaluza que
se sume a la búsqueda de soluciones para la solución de un problema “que tanto
daño está haciendo a nuestra comunidad”, ha dicho Gerardo Parejo, uno de sus
miembros.
Al mismo tiempo va a solicitar reuniones
a todos los partidos políticos con representación en el nuevo Parlamento de
Andalucía con objeto de encontrar puntos de consenso de cara a una modificación
legislativa para frenar esta actividad ilícita si es que fuera necesaria.
Según datos que obran en poder de la
recién constituida plataforma, en España se dejan de ingresar en el erario
público más de 100.000 millones de euros por culpa del trabajo irregular. Sólo
en Andalucía se pierden todos los años más de 30.000 puestos de trabajo. “Si
todos pagamos nuestros impuestos -se preguntan- ¿Por qué tenemos que permitir
que otros no lo paguen?”
A la crítica de la Plataforma a la
economía sumergida, el intrusismo y la competencia desleal se han sumado tanto
las asociaciones de consumidores de Andalucía como reconocidos economistas.
Así, catedráticos de Economía de la talla
de Juan Torres han agregado su opinión a la campaña informativa desplegada para
desglosar los perjuicios de la economía sumergida en Andalucía.
Juan Torres cree que la economía
sumergida es “un cáncer” para el sistema. “El aparente ahorro que algunos se
creen que consiguen contratando a un trabajador irregular en realidad es un
perjuicio muy grave para toda la sociedad, para él, para sus hijos, para sus
padres, para sus abuelos.... Porque, al final, la falta de ingresos del erario
público va a repercutirle en menos servicios públicos, en una vida peor”.
Para el catedrático de Economía de la
Universidad de Sevilla esta práctica ilegal surge “en primer lugar porque hay
gente que no tiene apego a las leyes y a un modo de vida correcto. Los poderes
públicos actúan por dejación y acción ante la economía sumergida porque no
promueven leyes fiscales que favorezcan a la pequeña y mediana empresa. Sólo
favorecen a los grandes. En ese contexto, algunos consumidores y pequeños
comerciantes se acogen a esta vía. Eso es un error. Tendría que haber leyes
fiscales justas que obliguen también a las grandes fortunas y grandes empresas.
Combatir la economía sumergida significará tener menos carga sobre nosotros y,
a la postre, vamos a vivir mucho mejor”.
La Unión de Consumidores de Andalucía
UCA/UCE, a través de su portavoz, María Coronada, ha explicado que contratando a
un trabajador irregular, los consumidores perdemos todos los derechos que nos
protegen y salvaguardan. “A la hora de poner una reclamación es prácticamente
imposible que una asociación de consumidores pueda defender a un usuario que
haya contratado los servicios de una empresa irregular, porque no tenemos
ningún documento que certifique que ha contratado esos servicios”.
Al-Alandalus, Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa, ha puesto de manifiesto que son las empresas regulares las que ofrecen calidad en el servicio. Para su portavoz, Pilar Lora, una empresa autorizada va a “entregar presupuesto previo por escrito, factura a la finalización de los trabajos, hojas de quejas y reclamaciones si fuera necesario y, como plus de calidad, ofrecerá mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos como la mediación o el sistema arbitral de consumo”.
Nace la Plataforma Multisectorial Contra
la Economía Sumergida en Andalucía
Faitel, Fapie y Fraef en representación del sector de las instalaciones en Andalucía han acordado la creación de la ‘Plataforma Multisectorial contra la Economía Sumergida)’ en Andalucía. Este nuevo foro de debate persigue luchar contra el lastre del intrusismo instalado en la irregularidad y la economía sumergida, que ponen en peligro la seguridad y calidad en las instalaciones, frente a las empresas legalmente constituidas que cumplen con sus obligaciones fiscales y normativas.5
Las principales Federaciones de
Instaladores de Andalucía, que agrupan a cerca de 15.000 pequeñas, medianas
empresas y grandes empresas, acordaron el pasado 9 de marzo la creación y
promoción de esta Plataforma para poder garantizar la seguridad en las
instalaciones domésticas e industriales, así como la subsistencia de la empresa
frente a la economía sumergida.
El objetivo a corto plazo de la
Plataforma es la creación de una mesa de diálogo con los agentes sociales en la
que estén representados la Administración Pública, los consumidores y usuarios,
sindicatos con el fin de alcanzar compromisos que ayuden a erradicar la
economía sumergida en Andalucía.
La economía sumergida se sitúa
actualmente en la Comunidad Autónoma en el 24,9%, muy por encima de la media de
la unión europea que no sobrepasa el 16%. Este alto índice tiene una incidencia
directa en el descenso de la actividad, sobre todo, de la pequeña y mediana
empresa dedicada a la instalación.
Otro de los problemas asociados a la
economía sumergida y al intrusismo profesional tiene que ver con la seguridad
en las instalaciones domésticas e industriales y la nula garantía que pueden
llegar a ofrecer al usuario final.
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