FINALIZA LA CAMPAÑA “YO VOY DE LEGAL ¿Y TÚ?”
- FAITEL pone a disposición de la administración pública 250 nombres de “antenistas ilegales
- Sólo el pasado año, la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones ha interpuesto más de un centenar de denuncias que delatan la actividad fraudulenta en el sector
- Debido a la actividad de dichos trabajadores ilegales y al descenso del consumo, la facturación de las empresas del sector de las telecomunicaciones en Andalucía ha descendido en un 80 por ciento de media el pasado año
- Piden de nuevo una reunión con la administración pública con el objeto de aunar esfuerzos en la lucha para frenar la economía sumergida en el área económica
- Contratar a un instalador ilegal acarrea multas de hasta 600.000 euros y 3 años de cárcel en caso de accidente
- En el primer semestre de 2011, 460 empresas han cerrado sus puertas y 20.000 operarios han perdido sus puestos de trabajo, cifras que se podrían doblar en los próximos seis meses.
- Bajo el lema “Yo voy de legal ¿Y tú?”, la Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL) concluye una campaña para frenar esta ocupación ilegal apoyada por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), FACUA-Consumidores en Acción y los servicios de Prevención Asepeyo.
Las empresas instaladoras de telecomunicaciones pronostican un panorama de asfixia económico financiera y de colapso de las empresas del sector si la Administración andaluza no incentiva y dinamiza el consumo y no comienza a frenar la actividad fraudulenta.
La Asociación Andaluza de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (FAITEL) dispone de una lista de 250 nombres cuya actividad fraudulenta ha sido identificada. “Todos esos nombres –dijo José Manuel Muñiz, director de FAITEL- están a disposición de los servicios de inspección de las administraciones para que investiguen cada caso”.
Más de 100 denuncias interpuestas
Los empresarios del sector han interpuesto sólo el pasado año más de un centenar de denuncias. Se quejan tanto de la escasa reducción de la actividad fraudulenta como de la falta de información tras registrar la correspondiente denuncia. Según Muñiz, “no sabemos qué ocurre cuando registramos el expediente; no sabemos si prospera, si lo archivan o si acaban sancionando al trabajador ilegal. Nos gustaría –explicó- que eso cambiase para animar al sector a denunciar y sobre todo para disuadir a los que practican esta actividad de forma irregular”.
A juicio de FAITEL, en el próximo semestre podrían cerrar otras 500 empresas y perderse entre 15 y 25.000 empleos a causa de la situación de “precariedad” que vive en la demanda desde hace un año.
La facturación ha descendido hasta un 80% en el último año, especialmente en las empresas que han trabajado para la Administración pública. En las entidades que tienen centrada su actividad en el sector doméstico, el descenso es del 65% de media. En aquéllas cuya actividad se centra en la demanda de las PYME, la rebaja es del 60% de media. Todos estos descensos están fundamentados en el corte taxativo que se ha producido en la inversión de cada uno de ellos en los elementos de comunicaciones, ámbito en el que destaca la Administración pública.
Incentivo del consumo
La Asociación Andaluza de Instaladores de Telecomunicaciones pide a las administración la puesta en marcha de medidas e iniciativas que incentiven el consumo. “Es la única manera de reactivar la demanda –explica Muñiz-. No es necesario que pongan dinero sino que tomen medidas para eliminar trabas a la hora de abordar inversiones”.
Fuentes cercanas a la Administración Pública afirman que el Gobierno Andaluz va a recortar, “hasta casi hacer desaparecer”, las inversiones en nuevas infraestructuras en telecomunicaciones el año que viene (2012). “Si este dato se confirma –augura José Manuel Muñiz- la falta de inversión limitará la posibilidad de nuevos servicios para los ciudadanos, así como hacer llegar aquéllos que no alcanzan determinadas zonas, como es el teléfono o internet”.
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